Este miércoles 10 de junio, el ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, anunció que el próximo viernes 12 del corriente mes, se reiniciará formalmente el despliegue del plan de la «Revolución Judicial» en ocho estados del país.

“Arrancamos el viernes entonces en los Aragua, Caracas, Carabobo, Miranda y La Guaira, Falcón, Lara y Zulia (…) Vamos a limpiar la ruta”, indicó Cabello, durante la Reunión de Trabajo para la Revolución Judicial.

El funcionario venezolano destacó que este operativo tiene como objetivo prioritario abordar de manera directa la situación de los privados de libertad que se encuentran en centros penitenciarios o de detención preventiva y que aún no cuentan con una sentencia firme. En tal sentido, Cabello enfatizó que esta iniciativa no responde a intereses proselitistas. 

“Este no es un tema politiquero, este es un tema de política de Estado, y suma a la comisión de reforma que lleva la secretaría y el fiscal general. Vamos a limpiar la ruta”, aseveró. 

Cabello enfatizo que para alcanzar ese objetivo se requiere un esfuerzo institucional y mancomunado entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Defensa Pública, el Poder Legislativo, el Poder Popular, el representante del Ministerio para el Servicio Penitenciario y los jefes de los organismos policiales o de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Por ello, extendió una invitación formal a los diputados de las facciones opositoras para que se sumen a las labores de auditoría.

“Vamos a los centros de detención a revisar todo lo que se tenga que revisar, es fundamental que los expedientes aparezcan. Vamos hacer esto bien. Porque detrás de un delito esta el victimario pero también la víctima, por eso debemos ser justo (…) que salgan en libertad los que tengan que salir, los que vaya a ser juzgados que siga el juicio en libertad, los que tenga una medida activa presentación cada 15 o 30 días que lo determine el juez”, expresó Cabello. 

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En sus declaraciones, el ministro ofreció un balance detallado del panorama de reclusión actual en el territorio nacional, precisando que en este instante Venezuela registra una población de 58.714 personas privadas de libertad entre centros penitenciarios y retenes de detención preventiva.

​De esa cifra, 12.425 detenidos que tienen más de dos años tras las rejas sin una resolución judicial definitiva, que se distribuye en ​8.222 personas confinadas en centros de detención preventiva y ​4.203 personas recluidas en centro penitenciarios.

“De esos 12 mil 425, ​183 personas tienen 10 o más años detenidas sin haber recibido una sentencia”, enfatizó Cabello. 

​El titular de Interiores y Justicia aclaró que este plan humanitario y de agilización procesal cuenta con estrictos filtros de seguridad ciudadana, por lo que se ha excluido de forma total de las revisiones de beneficios a los casos relacionados con violaciones o narcotráfico, que estén comprobados ante la justicia. 

​Asimismo, vinculó estas medidas con un proceso sostenido de depuración de las fuerzas de seguridad del Estado, revelando que en los últimos dos años han sido retirados de sus cargos y pasados a juicio penal un total de 28.314 funcionarios policiales implicados en malas prácticas o desvíos conductuales.

​A pesar de los desafíos del sistema penitenciario, el ministro defendió las tasas de seguridad del país: “Nosotros no negamos que existan problemas, pero hoy día Venezuela registra una tasa de 1,2 asesinatos por cada 100 mil habitantes en lo que va de este año 2026. Busquen otros países que lo tengan así”.

​Monitoreo y tecnología de vigilancia

​En sus reflexiones finales, Cabello explicó que gran parte de los avances en materia de seguridad ciudadana, la articulación de los Cuadrantes de Paz, los jueces de paz, los circuitos comunales y la instalación de redes de cámaras en las principales ciudades se ejecutan con discreción estratégica.

​“En las principales ciudades trabajamos en silencio, porque no vamos a hacer propaganda. Si tengo una cámara que me está vigilando, yo voy a evitar que esa cámara me vea; por eso operamos así”, señaló. 

Como ejemplo de la efectividad tecnológica y de investigación criminalista actual, recordó el reciente esclarecimiento de un homicidio en el estado Mérida, donde el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturó rápidamente al responsable material, lamentando que sectores de la opinión pública intentaran atribuir inicialmente el suceso a motivos gubernamentales sin rectificar posteriormente.

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Cabello culminó recordando que la primera fase de la Revolución Judicial, realizada en 2021, lograron descongestionar en un 40 por ciento de los centros de detención preventiva a nivel nacional a través de despliegues en siete regiones del país.

“Para ese momento más de 83 mil personas en todo el país, en ese momento se hizo una distribución de los magistrados y magistradas, se organizó el país en siete regiones y por cada región fue un equipo de trabajo a hacer la tarea y fue una tarea ardua”, dijo Cabello. 

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